El juez Alejandro Carrillo, del Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife, ha archivado el caso contra el ex gerente de Casinos de Tenerife, Hermenegildo Hernández. El juez descarta que Hernández haya cometido un delito de malversación de caudales públicos en relación al despido de ocho trabajadores mediante bajas incentivadas en los tres casinos de la Isla entre 2019 y 2020. Además, el magistrado concluye que las acciones de Hernández lograron todo lo contrario: ahorrar dinero a Casinos de Tenerife, empresa dependiente del Cabildo1.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife también descarta ilegalidades del Cabildo de Tenerife en estos despidos. El proceso de despido de los ocho trabajadores se ajustó a la legalidad como respuesta a la grave crisis económica que afectaba a estas salas de juego dependientes del Cabildo. En resumen, el juez considera que Hermenegildo Hernández actuó guiado por la intención de reducir los salarios y beneficiar económicamente a los casinos1.

Este caso había sido denunciado en el pasado mandato por el Gobierno del Cabildo, formado entonces por PSOE y Ciudadanos. Sin embargo, el juez ha determinado que los hechos denunciados no merecen reproche penal y ha sobreseído la causa.

Es importante destacar que esta decisión judicial se produce después de que el equipo de Gobierno liderado por el socialista Pedro Martín presentara un informe con presuntas irregularidades en las bajas incentivadas realizadas en las sociedades de los casinos entre 2012 y 20201.

Entre 2012 y 2019, como ha quedado demostrado en la causa penal, las bajas incentivadas permitieron un ahorro de 1,7 millones, si se tiene en cuenta que el máximo legal fijado para los despidos superaba los 3,2 millones de euros. En el caso de los ocho trabajadores que suponen el objeto de la investigación penal, el ahorro para las arcas públicas rondó los 600.000 euros. Durante las diligencias previas, como señala en su escrito la Fiscalía, fue clave el testimonio de la directora de Recursos Humanos de Casinos de Tenerife, María Teresa Gallardo, que acreditó los beneficios económicos de las bajas incentivadas y la dificultad de que los despidos por un descenso del rendimiento, motivación que se utilizó para su justificación, hubiesen prosperado en la jurisdicción social con las mismas cuantías que se consiguieron mediante la conciliación.

Fuentes vinculadas al exgerente de Casinos de Tenerife critican que “se hayan utilizado recursos públicos para emitir una denuncia sesgada”, en alusión al anterior Gobierno del Cabildo de Tenerife, y cuestionan que “no se permitiera el derecho a la defensa de un trabajador con más de 30 años de experiencia” en la administración. “Se ha causado un daño a la reputación de una persona honrada en base a falsas acusaciones”, concluyen. Las mismas fuentes aseguran que están “ejerciendo acciones legales contra dos de las denunciantes”, en referencia a María Elena Rodríguez, que ocupaba el cargo de secretaria no consejera de los tres casinos del Cabildo de Tenerife; y Lidia Patricia Pereira, exdirectora insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, que en la actualidad desempeña las funciones de interventora general de la Comunidad Autónoma de Canarias.